* El presente artículo tiene como base la investigación de la tesis de Doctorado El Salvador en tiempos de Monseñor Romero, presentada en la Universidad Pablo de Olavide, España, en junio de 2015. ** Héctor Grenni es Doctor en Historia de América Latina. Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo de Olavide, España. Forma parte del Consejo de Investigación de la Universidad Don Bosco de San Salvador. hector.grenni@udb.edu.sv , Universidad Don Bosco, Calle a Plan del Pino Km 1 ½, Ciudadela Don Bosco, Soyapango, El Salvador. Apdo. postal 1874. El Salvador en la década de los años 70: militancia y represión. Las oportunidades perdidas, los protagonismos fallidos.* Héctor Raúl Grenni** Resumen Este trabajo presenta los procesos políticos y las contradicciones del sistema en El Salvador en la segunda mitad de la década de los años 70. La agudización de las contradicciones del sistema provocó una intensa efervescencia campesina y urbana que la incapacidad de los gobernantes transformó en la búsqueda de alternativas radicales. Los ‘actores principales’ de ese tiempo tuvieron actuaciones dispares: las fuerzas armadas, los sectores privilegiados, los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones populares urbanas y campesinas, la guerrilla y la Iglesia católica, todos ellos por miopía política o por egoísmos corporativos, dejaron pasar la oportunidad de liderar un procesos de cambio que hubieran desembocado en un país con menos desigualdades, y llevó irremediablemente al país a una guerra civil que nadie deseaba, pero que terminó por arrastrar a todos. De ese modo, el país se acercó irremediablemente hacia la confrontación civil de los años 1980 a 1992. Palabras clave: El Salvador, organizaciones populares, guerra civil, Monseñor Romero, represión, militancia campesina, derechos humanos Abstract This paper presents the political process and the contradictions of the system in El Salvador in the second half of the decade of the 70's. Intensification of the contradictions of the system triggered intense rural and urban effervescence that the inability of the rulers became the search radical alternatives. The 'main actors' of that time had disparate performances: the armed forces, the privileged sectors, the media, political parties, urban and rural popular organizations, the guerrillas and the Catholic Church, all of them for political shortsightedness or corporate egotism, missed the opportunity to lead a change process that had led to a country with less inequality, and inevitably led the country into a civil war that nobody wanted, but that ended up dragging everyone. Thus, the country came inevitably to civil confrontation of the years 1980-1992. Keywords: El Salvador, popular organizations, civil war, Monsignor Romero, repression, peasant militancy, Human Rights. mailto:hector.grenni@udb.edu.sv Introducción El presente trabajo investiga los procesos y las contradicciones que se dieron en la sociedad salvadoreña en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo XX, y hace especial énfasis en las dinámicas a que dieron lugar la evolución de las relaciones sociales y los conflictos que se suscitaron. La metodología usada es la metodología clásica de la Historia. Los espacios para le búsqueda de las fuentes han dado lugar a los dedicados a la interpretación de las mismas, tomadas éstas en su contexto histórico. En este aspecto, cercanía en el tiempo de los sucesos a investigar provoca que en general los archivos sean de difícil acceso. Al mismo tiempo, esta cercanía de los tiempos que se analizan aquí nos deja la grata posibilidad de consultar fuentes directas, que tienen la ‘fidelidad de la contemporaneidad’, que permite controlar su validez. Pero, al mismo tiempo, esta contemporaneidad hace que estas fuentes se vean, con frecuencia, cargadas de subjetivismos: los tiempos que se analizan aquí son todavía los tiempos actuales, y el desvelamiento de esos hechos podría influir aún en la realidad cotidiana. El período estudiado, El Salvados a fines de la década de los años 70 del siglo pasado, uno de los de mayor efervescencia en la historia del país, tiene muchos ‘actores principales’: las clases campesinas, que cobraron un protagonismo que no habían tenido antes, salvo, quizá, en 1932; las fuerzas armadas,1 que se encontraron ante la posibilidad histórica de liderar un proceso de cambio único en la historia, dejando de lado la tradicional alianza con la oligarquía; las clases trabajadoras, cuyas organizaciones populares2 alcanzaron niveles de adhesión como nunca los habían tenido antes; la oligarquía, que no supo ver la oportunidad que se abría de dejar de lado sus privilegios para la construcción de una sociedad justa; los partidos políticos tradicionales, que, sumidos en una práctica corrupta de ejercicio de la democracia, se vieron superados por la militancia popular sin poder hacer frente a las exigencias de las mayorías marginadas; los medios de comunicación masiva, que no supieron entrever las oportunidades que se presentaban y permanecieron atados a una mezquina estrategia de sumisión a un sistema en el que se encontraban cómodos; las organizaciones populares que optaron por la violencia3 como camino hacia una sociedad más 1 En este trabajo, al referirnos a las fuerzas armadas, nos referiremos tanto al ejército como a los tres cuerpos policiales que existían en El Salvador en esos años, y que fueron suprimidos por los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la cruente guerra civil. 2 En este trabajo, con el término ‘organizaciones populares’ entenderemos los movimientos populares urbanos y rurales que se organizaron a partir de la segunda mitad de la década de los años 70. Se trataba de sindicatos, asociaciones de sindicatos, agrupaciones estudiantiles universitarias y secundarias u organizaciones barriales o corporativas, que en los años que abarca este trabajo experimentaron grandes adhesiones y militancias. Generalmente fueron opositores a los gobiernos de turno, y se expresaron por medio de marchas, manifestaciones, publicaciones o expresiones diversas, y buscaron realizar sus actividades en el estrecho margen que les permitían las leyes. Generalmente, sufrieron represiones más o menos violentas, según los momentos y tuvieron un diverso grado de relación con la guerrilla. 3 Con el término ‘organizaciones populares que optaron por la violencia’ o ‘guerrilla’, entenderemos en este trabajo las organizaciones de raigambre popular, que buscaron la concreción de una sociedad sin marginaciones, para lo cual optaron por la violencia como medio para tomar el poder político e imponer desde allí sus propias ideas. Generalmente tenían sus propios ‘movimientos de masas’ en las diversas organizaciones populares urbanas. A fines de 1980 estas organizaciones se unieron en una dirección única justa, cuyos dirigentes de clase media no supieron ver con claridad las necesidades de las mayorías marginadas porque nunca las habían sufrido, y confundieron éstas con sus ideales; y la Iglesia católica, que, sumida en un acelerado proceso de revisión de su forma de afrontar la realidad, vio cómo en su seno se abrían corrientes divergentes que la llevaban a un intenso y a veces ardoroso diálogo interno que puso en tela de juicio sus opciones tradicionales y su propia historia en el país. Este trabajo se centra en la evolución de estos ‘actores principales’: la evolución de su pensamiento y sus acciones, los cambios, las contradicciones y los conflictos: en el fondo, su forma de entender la realidad que los rodeaba. En este contexto, este trabajo hará hincapié en las intervenciones del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que se convertirá en protagonista principal, referente no sólo para la Iglesia católica, sino para la población salvadoreña. En palabras de Jon Sobrino4, “Desde aquel día, y como aquel día, en cualquier hecho importante que ocurrió en El Salvador, para seguirlo o para perseguirlo, siempre hubo que volver la vista hacia Monseñor Romero”.5 (López Vigil, 2001:161) Contexto En El Salvador de la segunda mitad del siglo XX, las contradicciones del sistema social, puestas en evidencia por la pobreza y las marginaciones, se acentuaron, provocando serios cuestionamientos al tradicional sistema social, vigente desde la segunda mitad del siglo XIX. La falta de espacios para el disenso, la escasez de alternativas y la toma de conciencia de las grandes mayorías marginadas en la segunda mitad del siglo XX, llevaron al país a un estado de efervescencia popular sin precedentes en su historia, que se concretó en una intensa militancia: en la década de los años 70, surgieron movimientos populares, urbanos y rurales, en los cuales las mayorías marginadas encontraron la oportunidad de expresar sus necesidades y de exigir reformas radicales. El contexto social y político estuvo caracterizado por la agudización de las contradicciones del sistema, la profundización de la marginalidad en que se encontraba la mayoría de la población, el cierre de los espacios institucionales de diálogo, la irrefrenable concentración de la riqueza, el fracaso de los intentos de ir al encuentro de las necesidades de las mayorías, el descrédito de las instituciones políticas y del sistema democrático y una sangrienta represión que buscaba la continuidad del sistema. La inmensa disparidad de posibilidades entre una fuerte oligarquía agraria y una clase campesina sometida y con escasas posibilidades de reacción, puso en evidencia las profundas contradicciones que tomó el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), transformado en partido político con el mismo nombre después de los Acuerdos de Paz de 1992. 4 Jon Sobrino, sacerdote jesuita, nacido en Barcelona de origen vasco, radicado en San Salvador desde 1957, profesor de Teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, muy cercano a Monseñor Romero entre 1977 y 1980. 5 El comentario de Sobrino alude al episodio del pueblo y la iglesia de Aguilares, ocupados por la Guardia Nacional a mediados de 1977 y devueltos luego de un mes. La devolución se hizo en un ambiente de suma tensión. del sistema. A ello se añadió pronto una clase urbana hacinada y desempleada. Ambos sectores, campesinos y marginados urbanos, comenzaron desde principios de la década de los años 60 un proceso de concientización progresiva. La distancia entre unos y otros, privilegiados y desfavorecidos del sistema, hizo posible que los dos polos se unificasen en torno a intereses comunes y reconocidos. Los reclamos de las clases de campesinos y marginados urbanos buscaron afanosamente un diálogo que la oligarquía se rehusó a atender. Los conflictos estaban en la puerta. El Salvador tiene una larga historia de contradicciones. Una de ellas, la que condicionaba a la mayor parte de la población, es la diversidad del acceso a la tierra. A mediados de la década de los años 60, una pequeña clase de terratenientes detentaba ya desde principios del siglo la propiedad de la mayor parte de las tierras productivas, al tiempo que una gran masa de campesinos debía contentarse con trabajar tierras ajenas. Algunos de éstos tenían pequeñas parcelas poco productivas y debían adecuarse a los ritmos, los precios y los procesos que fijaban los grandes productores. (Álvarez, 2010:14) En El Salvador, la estrechez del territorio dio un inmenso valor a la tierra, y la densidad de población transformó los espacios comunes en lugares de conflictos. Todo ello, unido al hacinamiento y a la insatisfacción de las necesidades básicas, provocó paulatinamente una creciente efervescencia social. El sistema no supo comprender las necesidades de las mayorías y, en vez de crear programas que fueran al encuentro de estas necesidades y que hubieran significado un reparto más igualitario de la riqueza y, probablemente, el inicio de la construcción de una sociedad posible, procuró reprimir las manifestaciones, distanciándose cada vez más de las mayorías. En la segunda mitad del siglo XX, un profundo abismo separaba estas mayorías marginadas de las minorías que disfrutaban de los beneficios del sistema. La paulatina toma de conciencia de las primeras fue derivando, paulatinamente, en una sorda efervescencia social. Las condiciones de vida en el campo, ya de por sí librado a su suerte por los gobiernos, sufrieron un serio deterioro en la década de los años 70. La crisis de una economía de subsistencia que encontraba cada vez más obstáculos, el regreso de quienes habían emigrado a Honduras y las dificultades para acceder a la tierra agravaron las condiciones de vida, lo que se sumó a las condiciones ya de por sí difíciles. Se fue conformando de esta manera la dualidad entre la gran propiedad, que se movía al ritmo del café con mano de obra estacional, lo que provocaba movimientos estacionales de la población, y los minifundios, que cultivaban para la subsistencia. La propiedad de la tierra fue concentrándose rápidamente en pocas manos, las mismas que controlaban la exportación a Estados Unidos y Europa: los dueños de las tierras eran dueños de la producción, del procesamiento, del comercio y de los bancos que concedían los créditos. La efervescencia social en el país comenzó ya en la década de los años 60. En años anteriores había habido movimientos populares y campesinos, como el furioso levantamiento de 1932, o la ‘huelga de brazos caídos’ de 1944. Pero fueron movimientos espontáneos, con gran participación popular pero sin un programa posterior ni continuidad. En 1970, sin embargo, comenzaron a existir verdaderos movimientos populares organizados: gremios que antes estaban sometidos y humillados, como el de maestros, ahora se organizaban en sindicatos y pedían su reconocimiento; huelgas combativas y a veces con manifestaciones violentas, con frecuencia provocadas por la represión; manifestaciones cada vez más numerosas… Las clases marginadas descubrieron que eran muchos los marginados, y que el número podía ser una fuerza a tener en cuenta. Algunas de sus organizaciones derivaron hacia grupos armados. En el interior de la Iglesia católica comenzaron a desarrollarse las comunidades eclesiales de base que contribuyeron a la toma de conciencia de las clases marginadas, al tiempo que proponían programas de desarrollo rural en las respectivas comunidades. La Iglesia comenzaba a acercarse a las clases marginadas y a ganarse un enemigo: las fuerzas armadas garantes de un sistema cada vez más cuestionado. La insatisfacción de las necesidades básicas y la ausencia de horizontes humanos pusieron a los habitantes de las regiones rurales en situación de pauperización extrema, creando las condiciones para la adhesión a las organizaciones populares y la militancia en las organizaciones armadas. El siguiente testimonio recogido por López Vigil presenta esta insatisfacción: “¿La tierra? Inmensamente rica. Planicies, planicies. Yo vi con mi par de ojos cómo se descuajaban los bosques y los palos con sus ramazones tan galanas para sembrar todo aquello de algodón. Algodón por todos los lados. Más al norte, puro café. Más al sur, puro algodón. Cortadores somos, cortando café, surco abajo, surco arriba, cortando algodón, surco abajo, surco arriba. La mayoría de nosotros no nacimos en estas tierras, aquí llegamos de todos los rumbos a sólo trabajar. Una caminadera de gente buscando trabajo de campamento en campamento. Hombres y niños ambulantes. Y nosotras, las mujeres, íngramas nos veíamos. Y esos grandes finqueros, que ni aquí viven y que fueron botando a todo mundo a lo largo de los caminos, por la fuerza. Vivíamos como podíamos. Y casi no podíamos. El cuerpo y el alma eran para las cortas. Después morirse”. (López Vigil, 2001:55) El desempleo rural, si bien difícil de calcular en números precisos, llegaba al 71% en 1971. Se creó así una mano de obra política fácilmente adquirible por ORDEN6 o por la guerrilla. La militancia en 6 La Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) fue una fuerza militar creada en 1961 para contrarrestar la efervescencia popular en las zonas rurales. Sus integrantes recibían un fuerte adoctrinamiento nacionalista. Con frecuencia, recurrió a la violencia y actuó como fuerza paramilitar. Reclutó minifundistas, trabajadores agrícolas desempleados y pequeños comerciantes con la promesa de beneficios. Para ‘difundir las ideas democráticas’ y apoyar al gobierno, se usaron espías, prácticas antidemocráticas, violencia, prebendas, promesas de empleos y destrucción de expedientes judiciales comprometedores. En el imaginario de quienes adherían a esta acción de ORDEN -muchos de ellos no tenían otra opción-, surgió una ‘república imaginaria’ que permitía escapar al desempleo y al hambre, y volcar contra los semejantes la dominación de que eran víctimas. Realizaba servicios de inteligencia para el ejército y actuaba como fuerza de represión, de contrainsurgencia y de reclutamiento. estas dos organizaciones se transformaba, poco a poco, en la única alternativa, si dejamos de lado las organizaciones populares como FECCAS7. En este contexto, algunos grupos intelectuales urbanos comenzaron a exigir espacios políticos. En esos tiempos, la Universidad de El Salvador (UES), se reformó para lograr una mayor vinculación con las clases populares, dirigiéndose hacia modelos cada vez más cercanos a las propuestas de las organizaciones populares. De hecho, muchos de los dirigentes de esas organizaciones populares fueron jóvenes de clase media salidos de la Universidad. Poco a poco surgió la conciencia de que existían problemas comunes, y que éstos podían resolverse en un proceso que condujera a la organización popular: la conciencia popular podía ser objeto de organización.(Valle, 1993:35-37). Si bien las contradicciones internas admiten una diversidad de análisis desde distintos ángulos, los orígenes del conflicto admiten tres dimensiones fundamentales: primeramente, la extrema desigualdad en el acceso a los bienes sociales producidos, que generaba grandes tensiones y despertaba antiguos resentimientos; luego, la original coyuntura social que llevó a la toma de conciencia de las grandes mayorías marginadas, que las llevó a percibirse como víctimas de injusticias y a organizarse para superarlas; finalmente, la evidente ilegitimidad del sistema político, agudizada en la década de los años 70, que reservaba para los sectores privilegiados el acceso al poder político por medio de elecciones, cerrando todo espacio para el disenso pacífico y poniendo en evidencia la debilidad de las instituciones. (Escobar Galindo, 2011:10). Uno de los mayores problemas que caracterizó a El Salvador en la década de los años 60 y 70 fue el problema de los desplazados internos y los emigrantes. La pobreza, la escasez de tierras en un país muy densamente poblado y los escasos horizontes para la superación personal, fueron las causas que obligaron a muchos salvadoreños a buscar más allá de sus fronteras lo que no encontraban en su país. Esta situación se vio superada por la brusca irrupción de un gran número de desplazados por la represión a partir de la segunda mitad de la década de los años 70, y por la guerra a partir de 1980. (Alonso Santos, 1993:63) Los desplazamientos forzosos influyeron severamente en la vida social y económica de la sociedad salvadoreña de la década de los años 70. A la inestabilidad de la mano de obra hay que sumarle las terribles consecuencias sociales, que repercutieron a su vez en la vida económica: familias separadas sin que esto forme parte de su proyecto de desarrollo; familias rotas por la separación con frecuencia definitiva de alguno de sus miembros, la mayor parte de las veces, los cabezas de familia; la obligada aceptación de nuevas identidades colectivas, especialmente sensible para los trabajadores del campo y el consecuente desarraigo cultural; la obligada aceptación de nuevas 7 La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), nació en 1969 como una federación de asociaciones campesinos preexistentes, fue la asociación campesina que reunió a una mayor cantidad de trabajadores del campo; operó, sobre todo, en la zona central del país, y especialmente en Aguilares, donde había sido particularmente intenso el trabajo pastoral de los sacerdotes y laicos de la parroquia de esa localidad. En esa región ejerció su trabajo pastoral el sacerdote jesuita Rutilio Grande, trabajo que derivó en una intensa toma de conciencia de la realidad, y luego, en una intensa militancia en las organizaciones populares. Grande fue asesinado en marzo de 1977, pocos días después de la llegada de Monseñor Romero a San Salvador. relaciones laborales y de nuevas formas de trabajo; la adquisición de nuevas costumbres, con el consiguiente abandono de recuerdos y tradiciones; la pérdida, por abandono, de viviendas, tierras, utensilios, instrumentos de trabajo, documentos… Todas estas circunstancias influyeron notablemente en la vida de los salvadoreños de la década, dejándolos desprotegidos frente a las exigentes circunstancias que los interpelarán severamente, y provocarán respuestas impensadas. (Alonso Santos, 1993:65) Los movimientos populares se encontraban con un protagonismo del que no habían disfrutado, probablemente, en ningún momento de la historia del país. Tanto las organizaciones ‘legales’, como las organizaciones urbanas o rurales que manifestaban sus exigencias dentro del marco legal, o como las organizaciones populares ‘ilegales’, que se movían fuera del marco legal y habían optado por la violencia como el camino para la conformación de una sociedad sin injusticias, supieron escuchar los reclamos de las mayorías marginadas, pero no supieron identificar sus necesidades. Sus dirigentes de clase media estaban sinceramente imbuidos de ideales de justicia, pero no habían padecido las necesidades de aquéllos que decían representar, y propusieron utopías que la práctica negaba porque se trataba de utopías que debían ser impuestas desde el poder político. El sentimiento de amplios sectores de la población, que alimentaba un descontento creciente, creció al ritmo de la toma de conciencia que se mencionaba: la conciencia de que 'la única fuerza para la consecución de sus aspiraciones es su número, el único instrumento su organización y acción conjunta, y la vía de presión ante el poder político la movilización masiva, la insumisión civil, la huelga o la manifestación', junto a la certeza de la incapacidad del sistema de ir al encuentro de sus necesidades. (Montobbio, 1999:44) O sea, la conciencia de que la lucha política y los reclamos pueden ser llevados a la calle. Ya desde las primeras manifestaciones de organización, a mediados de la década de los años 70, quedó en evidencia una tendencia creciente a la acción conjunta, que cristalizó ya en el temprano 1974, con la formación del Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), del Bloque Popular Revolucionario (BPR) un año después, y de las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) en 1977, todas las cuales conformarán la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) en 1980. En líneas generales, las organizaciones populares estuvieron conformadas por personas de condición humilde y con frecuencia campesinas, mientras que los partidos políticos respondían a cuestiones urbanas y estaban conformados por personas provenientes de las clases medias. En El Salvador, el movimiento campesino surgió antes que el movimiento obrero urbano. El espíritu de rebeldía, dormido por varias décadas, despertó primeramente en el campo, y pronto será seguido en el tiempo por el despertar de los movimientos urbanos. Cada uno de ellos tendrá sus propios tiempos y características, pero las necesidades eran las mismas. Ya desde principios de la década de los años 70 se dio un proceso de preparación de la conciencia de los campesinos salvadoreños, de modo que fueran ‘tierra propicia’ para la movilización, la exteriorización de los reclamos y el reclutamiento de las organizaciones populares campesinas, y fue efectuado por los sacerdotes y laicos comprometidos de algunos sectores de la Iglesia católica. (Cortina, circa 1989:112). La oligarquía no dejó de tomar nota de esto, y sin duda fue por eso que ya desde la segunda mitad de la década de los años 70, algunos sectores de la Iglesia -estos sectores comprometidos-, fueron perseguidos y reprimidos con saña y asesinados ante la presión de la oligarquía, que miraba con extrañeza cómo una Iglesia que había sido tradicionalmente aliada de sus intereses apoyaba ahora el cuestionamiento de los mismos. El deterioro de las condiciones de vida en un país densamente poblado como El Salvador, donde los contactos sociales son intensos y los intercambios de impresiones cotidianos, debía derivar necesariamente en un descontento generalizado. La efervescencia popular, manifestada en organizaciones populares y en una intensa militancia urbana y rural, fue el resultado de una economía que se deterioraba rápidamente, acentuando, de ese modo, las desigualdades en la distribución de la riqueza producida. Precisamente, es en ese contexto de contradicciones sociales en constante aumento que residió el potencial revolucionario del campesino salvadoreño. El sistema capitalista rompió estructuralmente las reglas de juego impuestas a la articulación con la economía campesina. Gobierno y represión El contexto salvadoreño de la década de los años 60, 70 y 80 fue uno de los de mayor efervescencia social y política del país en el siglo pasado: un sistema que se agotaba en sí mismo por no encontrar respuestas adecuadas a los reclamos sociales; un poder político que carecía de representatividad y de credibilidad, tanto por su forma de acceder al poder como por su incapacidad para dialogar con los sectores mayoritarios; una institucionalidad cuestionada que debía responder a las presiones de la vieja oligarquía nacional, anteponiéndola al bien común… En suma, un sistema político incapaz de escuchar las necesidades de las mayorías, y por ende, incapaz de crear los espacios institucionales para ir al encuentro de los cuestionamientos. Esta incapacidad llevó al gobierno a atender las necesidades expresadas en las manifestaciones populares recurriendo a la represión, que se manifestó de las formas más variadas: desde la violencia hasta la persecución política, desde la manipulación de los espacios de expresión hasta la distribución selectiva de favores y prebendas. “Sólo a mí no me dan trabajo por motivo de que hace dos años hicimos una huelga y unos orejas me denunciaron y por eso no me dan trabajo. La huelga comenzó en el lote de Jarquín. Éste dio muy grande las tareyas (tareya’, por 'tarea', en el léxico popular campesino, el trabajo que puede realizar un jornalero en un día en el área rural) había como diez hombres sacando el sobrante del día anterior. Entonces fui yo y un grupo más y le dijimos a los señores que no trabajaran, que acuerparan el paro y que así lograrían la rebaja en el trabajo. Hubo gente que me mal informó y desde ese tiempo no me dan trabajo. Dijeron que si seguía yendo a la reunión de la Palabra no me darían trabajo. Con eso castigaron a toda la colonia. Eso fue el año pasado”. Cabarrús, 1984:81) A medida que se consolidaba la organización en el campo, se acentuaba el temor de las clases que detentaban el poder económico. Los gobiernos militares se sirvieron de diversas instituciones oficiales para la represión y el control de los campesinos: los diversos cuerpos policiales permitían este control, ya que dedicaban buena parte de sus esfuerzos a esta tarea. La represión estatal se dirigió principalmente hacia los dirigentes de las organizaciones populares y las organizaciones armadas. Con frecuencia, también, la represión se dirigió especialmente hacia quienes participaban en las 'reuniones de la palabra', como se llamaba a las reuniones de las Comunidades Eclesiales de Base, y a los militantes de FECCAS; la represión se concretaba en la negativa a darles trabajo o empleos temporarios. Posiblemente el intento más serio para ir al encuentro de la efervescencia social que ponía en tela de juicio la legitimidad de un gobierno surgido de un fraude electoral, sin contemplar el uso de la violencia represiva, haya sido la propuesta de reforma agraria propuesta por el presidente coronel Arturo Armando Molina en 1977, poco antes de dejar el poder. La reacción de la oligarquía obligó al presidente a retirarla (Chávez Velado, 2006:176), con lo que el descontento de las mayorías se agudizó, a la vez que ponía en evidencia la sumisión del gobierno militar ante la oligarquía. Este hecho fue agriamente criticado por sectores intelectuales radicados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), administrada por la orden de los jesuitas. Un artículo de Ignacio Ellacuría en una revista de la UCA titulado 'A sus órdenes mi capital', (ECA, 1976:637-648), puso en evidencia esta sumisión, a la vez que provocaba el comienzo del distanciamiento de la oligarquía con la Iglesia católica. El sucesor de Molina, el general Carlos Humberto Romero, llegado al poder también por medio de elecciones fraudulentas, tuvo que hacer frente a la progresiva efervescencia social, a los reclamos cada vez más organizados y a la hostilidad de la oligarquía, que exigía la represión de las manifestaciones populares. La inmensa manifestación popular del 28 de febrero de 1977 en la Plaza Libertad, en la capital San Salvador, que siguió a la noticia de los resultados de las elecciones, terminó en una fuerte represión, con centenares de muertos. “En la Plaza Libertad se enterró, por muchos años, cualquier oportunidad de democracia en El Salvador. Fue poco después de la medianoche, cuando llegaron los miembros de los cuerpos de seguridad y abrieron fuego contra la multitud que estaba concentrada pacíficamente desde hacía varios días, protestando por el fraude electoral. Fueron asesinadas más de 300 personas”. (Escobar Galindo et.al., 2011:37) El presidente, legalizado en la presidencia, deslegitimado por el fraude electoral y la represión, se vio cada vez más aislado. Su intento de dar estabilidad a su gobierno por medio de un llamado a la unidad de todos los salvadoreños, al acceder al poder, no tuvo mayores ecos en las organizaciones populares. Solamente un programa de reformas profundas podía tenerlo, y el presidente Romero no estaba en condiciones de hacerlo: no contaba con las fuerzas suficientes. Poco después, el golpe de estado de octubre de 1979 trataría de legitimar el poder y de detener la efervescencia social por medio de reformas profundas que no estaba en condiciones de llevar a cabo: la Junta de Gobierno que surgiría del golpe detentaría el gobierno pero no el poder: ni la oligarquía ni el ejército estaban decididos a permitir un cuestionamiento del sistema. En este clima de represión, la actuación de los cuerpos represivos: las fuerzas armadas y los tres cuerpos policiales, adquirió una importancia relevante. A ello, hay que añadirle grupos como ORDEN y otros diversos grupos terroristas de derecha, como la Unión Guerrera Blanca (UGB) y otras de existencia fugaz. Paulatinamente, los cuerpos de seguridad fueron perdiendo sentido de existencia para transformarse en grupos que no siempre actuaban dentro de los márgenes de la ley. Así, las policías, y en general todo el aparato coercitivo del estado fueron perdiendo toda legitimidad a medida que se apartaban de su identidad de cuerpos al servicio del bien común, y con ella, toda credibilidad de parte de las grandes mayorías que sufrían la represión. Al mismo tiempo, la aplicación de la justicia fue perdiendo también credibilidad ante las grandes mayorías, que buscaron formas alternativas de reacción ante la violencia de los cuerpos represivos. Con frecuencia, estas formas alternativas encontraron en la violencia la única respuesta. Paulatinamente, y desde fines de la década de los años 70, y especialmente desde mediados de 1978, la violencia y el miedo se convirtieron en hechos cotidianos en El Salvador. “Porque cuando la violencia es un hecho cotidiano, cuando el miedo es tal que llega a acomodarse en la piel, ser objetiva es perder la sensibilidad... Uno se acostumbra. Se acostumbra al miedo y a la muerte. Porque, como me dijo un día una anciana que habita en una zona donde la guerrilla y el ejército se turnan su presencia, ‘en El Salvador la muerte vive.’” (Cortina, circa 1989:11-12) Miedo y violencia se hicieron presentes constantemente en las relaciones institucionales: en la aplicación de la justicia, en el ejercicio de los derechos, en las relaciones laborales, en la prensa escrita y en la televisión, en el uso de la fuerza pública, en las detenciones arbitrarias, en los asesinatos diarios, en el ejercicio del poder político, en las manifestaciones de los movimientos populares y en la práctica fraudulenta de los procesos democráticos. Y la violencia hizo que El Salvador comenzara a ocupar espacios importantes en los medios de comunicación extranjeros, especialmente en aquéllos que se ocupaban de América Latina.8 A medida que la represión acentuaba su recurrencia a prácticas cercanas al terrorismo de estado, fueron siendo conocidas poco a poco en todo el país. El arzobispado de San Salvador, por medio de su radio ISAX, denunció numerosas veces esta pérdida de identidad de los cuerpos de represión al servicio del estado, al tiempo que denunciaba las prácticas, las torturas, los centros clandestinos de detención, la impunidad y la complicidad del estado. Los ‘actores principales’ 8 “Y cuando los muertos se volvieron cifra, también El Salvador se ganó un lugar en los medios de comunicación de más allá de sus fronteras.” Cortina, María, El Salvador, 17. La oligarquía, uno de los ‘actores principales’, que 'en un país pequeño como El Salvador tiene nombre y apellido', dejó pasar la oportunidad que abría el periodo de tiempo formado por los años 1979 y 1980, de dejar de lado sus privilegios y contribuir a la construcción de una sociedad sin marginaciones. Esto sucedió en 1972, en 1977, en 1979 y en 1980. Su miopía le impidió ver más allá de sus sólidos intereses de clase. En este intento, vio desvanecerse su tradicional alianza con las fuerzas armadas pero conservó sus privilegios. En el país que se asomaba a la guerra civil en 1980 la oligarquía siguió siendo un actor a tener en cuenta. En El Salvador, las clases dominantes son conocidas, conocidos sus apellidos, sus negocios y sus intereses (Colindres, 1977:153-1893). La oligarquía salvadoreña ha actuado ya desde principios del siglo XX con un acentuado espíritu corporativo. Su temprana definición de intereses la ha llevado a demostrar una marcada conciencia de clase. Sus alianzas empresariales se ven reforzadas por alianzas matrimoniales, conformando una clase social en la que es difícil entrar. La monolítica unidad de la clase dominante sufrió algunos cambios con el cambio de escenarios productivos, pero éstos no modificaron sus opciones. La apertura del escenario regional y mundial después de la década de los años 60, y el recambio generacional en la vieja oligarquía salvadoreña hicieron de detonantes. Los hijos de los antiguos integrantes de la oligarquía habían estudiado en universidades de Estados Unidos o en Europa, y trajeron nuevos aires y nuevos horizontes. La vieja y tradicional oligarquía conservadora siguió con sus antiguos intereses, los que habían construido su riqueza; siguió con la apuesta por un proteccionismo ligado a la represión, y opuesto a cualquier tipo de reforma que implicase la redistribución de la riqueza o el cuestionamiento del sistema. Las nuevas generaciones, sin embargo, traían aires nuevos y estaban abiertas a la industrialización y a la modernización del estado. Siguió incólume, eso sí, la vieja explotación de la mano de obra. El nacimiento de la efervescencia popular de la década de los años 70 –efervescencia que el mismo sistema generaba-, encontró a la oligarquía sumida en sus negocios, y ésta decidió enfrentarla con una represión feroz. Podría haber abaratado los precios de los granos básicos y los productos de primera necesidad, y con ello habría atenuado las exigencias y habría dado una vía de escape a la creciente tensión social. Estaba en condiciones de hacerlo porque dominaba todos los resortes de la economía. Sin embargo, su miopía y su voracidad le hicieron seguir las normas del mercado, manteniendo ganancias a cualquier costo social, encareciendo dichos productos y sumiendo a las mayorías marginadas aún más en la miseria y aumentando así la tensión y los brotes revolucionarios. La voraz oligarquía salvadoreña, celosa defensora de sus privilegios, no permitió que su miopía le dejara ver la oportunidad histórica que se abría a partir de la toma de conciencia de las mayorías marginadas, para compartir la riqueza producida y crear ‘una sociedad donde quepan todos’: prefirió retener sus privilegios a toda costa. Exigió a las fuerzas armadas en el gobierno ‘dejar de lado los temores y contemplaciones, poner alto al desorden y el crimen’ de los frentes populares y las organizaciones populares urbanas y rurales (Gordon, 1989:227). Propaló la idea de que los frentes populares y las organizaciones político-militares tenían una dirección única, y que la tolerancia del gobierno en favor de los derechos humanos favorecía la acción de estas organizaciones, lo que llevaría a la disolución del sistema, exigiendo al gobierno la represión. En el fondo, el ambiente de revolución en la década de los años 70 y 80 fue provocado, en buena medida, por la oligarquía: la ‘miopía capitalista’ y su voracidad permitieron y provocaron el brote revolucionario. En palabras de Cabarrús, 'la miopía capitalista ha permitido el brote revolucionario'. Sin duda, puede decirse que no sólo permitió, sino provocó el brote revolucionario. (Cabarrús, 1989:111). Los medios de comunicación, en manos de la oligarquía, impusieron su propio modo de ver la realidad: no fueron capaces -ni estaban interesados en hacerlo- de ofrecer información fidedigna de las contradicciones evidentes ni del conflicto que se veía venir. Optaron por hacer de 'altavoces del discurso oficial', evitando conflictos y asegurando intereses, y presentaron a la opinión pública el panorama de un país inventado. (De Dios, Contrapunto, 12.02.1912). Las fuerzas armadas, la 'reserva moral de la nación', vieron cómo se deslizaban irremediablemente hacia un cuestionamiento cada vez más acentuado de su rol histórico, y hacia un severo descrédito de su lugar en la sociedad de su tiempo. Intentaron frenar ese cuestionamiento y ese descrédito por medio de una represión cada vez más tenaz y más cruenta, que las llevó a una guerra civil sin ganadores, pero en la cual serían los únicos perdedores. La oligarquía salvadoreña había llevado adelante una temprana alianza con las fuerzas armadas: dejó a su cargo el ejercicio del poder político, asegurándose que ellas cuidaran el mantenimiento y desarrollo de sus empresas e intereses: de este modo, las fuerzas armadas cumplieron desde mediados del siglo XIX un papel de garantes del orden establecido en salvaguarda de los intereses de la oligarquía que favorecía su acceso al poder político: los dueños de las fuentes de la producción –las tierras, los talleres, las industrias incipientes-, controlaron el poder político sin ‘ensuciarse las manos’. Los militares comprendieron su papel y lo ejercieron, con algunos tímidos intentos de reformas que la oligarquía permitió. El ejercicio del poder político permitió a los militares de alto rango un cierto enriquecimiento: puestos de empleo en la administración pública y en las empresas del estado, como la administración de los servicios públicos, los puertos, las aduanas o la generación de energía. Y en la década de los años 80, cuando la ayuda militar de Estados Unidos al estado salvadoreño se hizo cuantiosa, la administración de estos recursos permitió a los militares de alto rango convertirse en ‘socios menores’ de la oligarquía. Esta alianza permaneció inalterada hasta el advenimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979, que intentó reformas profundas que debieron imponerse con mucha sangre y una dura represión. En los años que se estudian en este trabajo, los programas sociales del presidente Carlos Humberto Romero, que intentaban ir al encuentro de la efervescencia social sin arriesgar el orden establecido, hicieron posible la relación directa y vertical de las fuerzas armadas con algunos sectores populares. Estas fuerzas armadas, en cuyo seno comenzaba a abrirse, por primera vez en su historia, un interesante debate, buscaron adecuar su lugar en la sociedad mediante nuevas relaciones con las organizaciones populares. Encontraron un espacio idóneo para ello en las modificaciones de sus objetivos y en las estructuras organizativas del aparato estatal, en el que comenzaban a incidir ocupando puestos de dirigencia, y presentaban un nuevo modelo de estado, más acorde a las exigencias surgidas. Así, algunos oficiales hicieron carrera asumiendo tareas que, al par que pretendían ir al encuentro de las necesidades populares, aseguraban sus intereses corporativos, fortaleciendo su alianza con el estado. Este nuevo protagonismo por parte de los altos oficiales de las fuerzas armadas aseguraba lealtades al tiempo que diversificaba intereses. El aparato estatal se llenó de generales y coroneles, incluso en espacios que no respondían a su preparación, como el Banco Central de Reserva, la Compañía Salvadoreña del Café, la Comisión de Energía Eléctrica del Río Lempa, el Banco de Fomento Agropecuario… Sin embargo, y a pesar de este ‘desembarco’ de oficiales en las estructuras del estado, tanto éste como la política siguieron bajo el control de la oligarquía. Y también las fuerzas armadas dejaron escapar las oportunidades de plegarse a la construcción de una sociedad sin marginaciones: estaban en condiciones históricas para ello, pero no supieron ver más allá de sus escasos horizontes. Las organizaciones populares vieron crecer en esos años su protagonismo y la adhesión popular a sus propuestas: por primera vez en la historia de la nación, se convirtieron en interlocutores válidos y reconocidos. La oligarquía y las fuerzas armadas se vieron obligadas a dialogar con ellas. Estas organizaciones se constituyeron rápidamente en voceros informales de las necesidades de los sectores populares, y sus manifestaciones comenzaron a ser numerosas. Y rápidamente despertaron las alarmas del gobierno y de la oligarquía, que veían cómo los reclamos populares tomaban formas notorias y cómo se cuestionaban los privilegios, por primera vez en forma tan perentoria. Gobierno y oligarquía eligieron la represión como forma de ir al encuentro de esta realidad nueva, que su miopía política les impedía reconocer. El ejército y las policías se encargarían de hacer efectiva esta represión. Las organizaciones populares, entendiendo aquí por ello tanto la guerrilla como los movimientos urbanos y campesinos, se nutrieron de militantes provenientes, muchos de ellos, de movimientos cristianos católicos, generalmente de las comunidades eclesiales de base: “...Desde entonces, cada vez que entrevisté un guerrillero, le pregunté qué hacía antes de incorporarse a la lucha armada. Y todavía me impresiona el gran número de ellos que me respondió: ‘vengo de las Comunidades Cristianas de Base’”. (Cortina, circa 1989:77). Partiendo de un proceso de toma de conciencia, los militantes fueron optando por los movimientos populares, muchas veces por ser la única opción a la situación de miseria y marginación generalizada. Ello explicaría por qué la represión se fue dirigiendo, desde fines de los años 70, hacia los sacerdotes que trabajaban en esas comunidades y hacia Monseñor Romero. La gran diferencia entre la guerrilla salvadoreña y la nicaragüense estriba en el componente cristiano católico de la guerrilla salvadoreña: tanto sus militantes ‘de base’ como sus dirigentes, provenían mayoritariamente de las organizaciones católicas que habían atendido fuertemente los llamados del Concilio Vaticano II y, sobre todo, de Medellín, de mirar a la realidad y comprometerse en ella. Las primeras organizaciones populares fueron rurales y tenían sus raíces en el catolicismo salvadoreño aglutinado en las comunidades eclesiales de base nacidas después de Medellín. Muchos de sus militantes nutrieron las filas de la guerrilla, que estaba organizada ya desde principios de los años 70, si bien se conformó definitivamente en 1980. Los grupos guerrilleros que habían optado por la violencia tenían un fuerte ligamen con organizaciones populares urbanas. Así, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el primero y el más numeroso grupo guerrillero del país, se nutría de jornaleros agrícolas cristianos, estaba ligado al Bloque Popular Revolucionario (BPR, ‘el Bloque’); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el más militarista de los grupos guerrilleros y conformado en buena parte por jóvenes provenientes de la Democracia Cristiana y disidentes del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), estaba ligado a las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28); las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), un desprendimiento del ERP, conformado por católicos formados en el catolicismo social de los tiempos del predecesor de Romero en el arzobispado de San Salvador, Monseñor Chávez y González, estaba ligado al Frente de Acción Popular Unificado (FAPU); el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), el más pequeño en número de las organizaciones guerrilleras, inspirado en un marxismo científico alejado de la sensibilidad cristiana y católica, no tenía un movimiento de masas que lo representase en las manifestaciones urbanas, pero adhería frecuentemente a las manifestaciones de los otros grupos. A estas organizaciones se sumó el ala armada del Partido Comunista Salvadoreño, que sufrió un intenso debate interno, especialmente después que sus dirigentes apoyaron la guerra que el gobierno militar de El Salvador emprendió con Honduras a mediados de 1969. (Morozzo della Roca, 2010:26-27) Estas cinco organizaciones que habían optado por la vía armada, conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a fines de 1980. Muchos de sus militantes, tanto dirigentes como combatientes, consultaron con frecuencia con Monseñor Romero ante decisiones importantes. Por ejemplo, en ocasión del golpe de estado de octubre de 1979, los dirigentes consultaron y discutieron con el arzobispo acerca de la actitud a tomar ante ‘una revolución desde arriba’, propuesta desde el poder político. El acelerado proceso de organización de las clases marginadas de El Salvador que se verificó en la segunda mitad de la década de los años 70 fue una ‘conquista’ de las mismas clases marginadas, con el importante aporte de muchos integrantes de la Iglesia católica, que buscaban llevar a la práctica las indicaciones de los documentos del Concilio Vaticano II y de Medellín. Este proceso originó la reacción de la oligarquía y se concretó en la represión ascendente de las fuerzas armadas. La organización de las clases marginadas cuestionaba, no solamente privilegios, sino el espacio que las mismas fuerzas armadas ocupaban en la sociedad. . “El proceso de organización del pueblo salvadoreño fue una conquista de los pobres que estaban ya cansados de vivir en la humillación”. (Coto, 2005:5). En este contexto, la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero, en 1978, tuvo una importancia inmensa: significaba el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica, tradicionalmente aliada al sistema, a las organizaciones que cuestionaban fuertemente ese mismo sistema. El argumento central de la Carta fue el derecho de los trabajadores a organizarse, y la idea central, el derecho de éstos a llevar a cabo esta organización. Al mismo tiempo, y ante la sorpresa de la oligarquía y de los funcionarios del gobierno, el poder de convocatoria de las organizaciones populares tomó formas de protestas, huelgas, manifestaciones, tomas de embajadas y de iglesias, exigencias de diálogo, propuestas… muchas de ellas multitudinarias, y fueron ocupando el lugar que habían abandonado ya los partidos políticos tradicionales en el espectro nacional. Enseguida se comprendió que representaban el único espacio que la oposición y el descontento encontraban para manifestarse. El intento de organización de los movimientos populares cristalizó en organizaciones de un marcado tinte opositor. El gobierno respondió a la inmensa capacidad de convocatoria de las organizaciones con una represión fuerte que intentaba acallar el cuestionamiento del sistema y de los privilegios. Prácticamente cada manifestación, especialmente a partir del año 1978, cuando éstas comenzaron a ser masivas, culminaba con la violencia represiva, con la complicidad de los medios de comunicación: junto a las proclamas del gobierno presidido por el general Romero de que los derechos a la libre expresión y al disenso eran respetados en el país, se hacía evidente la represión que acallaba, precisamente, la manifestación de estos derechos. La radio del arzobispado denunciaba frecuentemente esta situación en sus programas, especialmente durante los años 1979 y 1980. Sin embargo, las organizaciones populares no fueron capaces de ir más allá del estrecho horizonte de sus dirigentes de clase media, no supieron llevar hasta el límite de las posibilidades sus exigencias, y dejaron escapar la oportunidad única en la historia de dirigir el cambio del sistema. Estaban en condiciones de exigir cambios profundos, pero se conformaron con cambios moderados y promesas nunca cumplidas, y, poco a poco, vieron desvanecerse la adhesión de las grandes mayorías y, con ello, su oportunidad histórica. Tuvieron que conformarse con ver cómo el país se dirigía irremediablemente hacia una guerra civil en la que nadie ganaría. Las organizaciones populares vieron cómo se les arrebataba de las manos una posibilidad histórica: la de debatir la situación del país. La única opción, agotada la posibilidad del diálogo electoral, era ahora la radicalización de la oposición, opción que contemplaba la lucha armada como posibilidad cercana. La guerrilla, como expresión extrema de las reivindicaciones populares, se vio envuelta, también ella, en un intenso y riquísimo debate ideológico interno y vio cómo la organización y su capacidad de negociación fuera del país la convertían en un actor imprescindible del diálogo nacional -y más tarde, del diálogo que llevó al fin de la guerra civil y a los Acuerdos de Paz. Sin embargo, la opción por la militarización de las relaciones, más acentuada en alguna de las organizaciones guerrilleras, provocó la reducción de este diálogo a un intercambio ideológico entre dirigentes que nunca habían pasado las necesidades de las mayorías que decían representar, restringiendo así los espacios de decisión y de consensos internos, a los mismos espacios del sistema que cuestionaba: se convirtió en reproductora del sistema que cuestionaba. La guerrilla dejó escapar, también ella, su oportunidad histórica: la de crear un espacio de participación donde confluyeran las exigencias de las mayorías marginadas, espacio capaz de provocar el cambio del sistema. La escasez de horizontes de sus dirigentes de clase media la dejó a medio camino, y se tuvo que resignar a ver cómo el país se encaminaba, irremediablemente, hacia una guerra civil de la cual la guerrilla no podía salir ganadora. La Iglesia católica se encontró, quizá por primera vez en su historia, frente a un riquísimo y profundo debate interno que provocó divisiones irreconciliables. Sus opciones podrían haberse orientado hacia la construcción de un país sin marginaciones, pero se vio envuelta en el torbellino de los acontecimientos que las propias divisiones internas le impidieron dirigir. Sus opciones se transformaron en propuestas utópicas que terminaron por ganar la adhesión de las mayorías, pero que no fueron capaces de provocar un cambio del sistema porque sus propuestas no fueron susceptibles de ser llevadas a la práctica. También la Iglesia católica dejó pasar la oportunidad histórica de contribuir a crear un espacio de diálogo del que salieran propuestas para la redefinición del sistema y de un nuevo reparto de la riqueza. Por el prestigio de que gozaba en las grandes mayorías y por la adhesión que generaban sus propuestas estaba en condiciones hacerlo, quizá como ninguna otra entidad de esos tiempos. El torbellino de los acontecimientos, y especialmente el asesinato de Monseñor Romero, terminó por anular esos intentos. El Partido Demócrata Cristiano, irrumpió en la vida política a fines de la década de los años 70. En una época de 'tiempos nuevos,' era el único partido de la 'vieja democracia' que estaba en condiciones de contribuir a la construcción de un nuevo modelo de país: aunque muy maltrecho y a costa de la revisión de sus ideales, fue el único partido que sobrevivió a la crisis. Sin embargo, la estrechez de horizontes de sus dirigentes y el inmenso espacio que lo separaba de las grandes mayorías lo convirtió en un partido egoísta, oportunista y corrupto, que buscaba espacios para sí sin importarle el bien común, imprescindible en momentos como ésos, necesitados de cambios estructurales. Terminó siendo un elemento más de un sistema cuestionado, contribuyendo a la represión de las grandes mayorías y viendo cómo el país se encaminaba irremediablemente hacia una guerra civil de la cual saldría visiblemente erosionado. El Partido Demócrata Cristiano de El Salvador apoyó decididamente las opciones reformistas, volcándose totalmente hacia las propuestas de quienes protagonizaron el golpe de estado de octubre de 1979, especialmente después de la proclama de las Fuerzas Armadas que justificaba el fin de una institucionalidad de dudosa procedencia, y proponiendo reformas radicales y profundas: reforma agraria y nacionalización de la banca y del comercio exterior... Sin duda, la oligarquía salvadoreña no podía mirar con buenos ojos un partido político que pudiese cuestionar sus intereses. La Democracia Cristiana veía que las propuestas de la proclama coincidían con sus principios: la búsqueda de la justicia social por medio de la realización de un orden nuevo inspirado en la justicia social, participación en la distribución de la riqueza generada, nacionalismo moderado... El torbellino de los acontecimientos le hizo dejar de lado sus ideales. Monseñor Romero Es necesario concluir este trabajo con una breve alusión al trabajo del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero. En un contexto de violencia generalizada, desarrolló su accionar y su pensamiento con una opción cada vez más cercana a los sectores marginados, y buscó el diálogo apoyando las alternativas que pudiesen dar respuestas a las contradicciones. Promovió así un riquísimo diálogo con el contexto social que le tocó vivir. Influyó poderosamente en su tiempo y su pensamiento fue atendido por todos los sectores, tanto de derecha como de izquierda, para adherir a su pensamiento o para criticarlo. Los sectores que se vieron cuestionados por su pensamiento ordenaron su asesinato. Su asesinato estuvo cargado de fuertes connotaciones simbólicas. Siempre se había opuesto a la violencia, de cualquier lado que ésta proviniera. Era la única persona que podía oponerse a una solución violenta a la crisis, respetado por todos los actores del proceso: los militares, la oligarquía, las organizaciones populares urbanas y rurales, la guerrilla y las grandes mayorías marginadas. Con él, desaparecía el único muro de contención de la violencia, y su asesinato tornó inevitable y cercano el camino hacia la guerra civil. Su presencia era una barrera a la guerra que nadie deseaba, pero que la radicalización de las posturas y los egoísmos de las clases que se habían adueñado de las riquezas presentaba como la única salida. Su asesinato fue un craso error político por parte de la derecha, asumiendo que ésta hubiese querido evitar la guerra civil. Morozzo della Roca, 2010:30) Bibliografía Alonso Santos, José Luis, Los desplazamientos forzados de población civil en la crisis centroamericana de los años ochenta, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (A. G. E.), Nº 15-16, 1992-1993. Álvarez, Alberto M. 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