Debilidad del Estado y violencia criminal
Fecha
2019-07
Autores
González, Luis Armando
Título de la revista
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Editor
Universidad Don Bosco
Resumen
La hipótesis central de las presentes reflexiones es que no se puede comprender
a cabalidad el problema de la violencia criminal en El Salvador si no se toma en
cuenta la debilidad del Estado salvadoreño –suscitada inicialmente en el marco
de la guerra civil y profundizada bajo el embate de las reformas neoliberales
de los años noventa— en sus competencias exclusivas en materia coercitiva, en
su potestad para someter al imperio de la ley a cuantos la vulneren y en sus
capacidades para asegurar el orden social a partir de procesos democráticos y
de mecanismos generadores de bienestar social.
Es casi seguro que, entre quienes lean detenidamente los razonamientos
y argumentos esgrimidos para sustentarla, no faltarán los que rechacen
de plano no sólo la hipótesis aludida, sino otras que se derivan de (o están
relacionadas con) la misma; por ejemplo, la que sostiene que el experimento
de crear una nueva policía –la Policía Nacional Civil (PNC)— resultó costoso para
la sociedad, pues las condiciones sociales y culturales del país al salir de la
guerra (condiciones caracterizadas por la anomia y reductos de violencia social
y criminal), y las que se generaron en el marco de la reforma neoliberal de los
noventa, requerían de un Estado fuerte (y por tanto, un cuerpo policial fuerte),
capaz de resguardar el orden y de contener la proliferación de nuevos reductos
de violencia asociados al auge privatizador de la primera postguerra y a los
espacios generados en una sociedad fracturada que en sus mecanismos de
integración y convivencia.
El planteamiento anterior va a contracorriente de la visión que ha sido
predominante en nuestro país, según la cual en la creación de la nueva policía
lo importante era que se alejara radicalmente del modelo autoritario de los
antiguos cuerpos de seguridad pública. Aspiración loable como la que más, pero
que involucraba aspectos que en su momento no se supieron distinguir como
era debido y que, dada la herencia de la guerra, y las dinámicas sociales y
criminales de la postguerra, se han revelado contraproducentes. Para el caso,
se creyó que una manera de impedir que el nuevo modelo de policía estuviera
en función del orden democrático –siendo una instancia regida en su quehacer
policial por el respeto irrestricto de los derechos humanos— era disminuir sus
capacidades coercitivas, como si esas capacidades en sí mismas fueran la
condición para la deriva autoritaria, y no el uso discrecional de las mismas o la
instrumentalización de las estructuras policiales por parte de grupos de poder
económicos o políticos.
Confundir poder coercitivo del Estado con autoritarismo fue un error. Lo
mismo que fue un error confundir democracia con ausencia (o disminución)
de la capacidad coercitiva del Estado. La experiencia salvadoreña, y la de
otras naciones en situaciones históricas parecidas, es aleccionadora: el Estado
salvadoreño no se hizo más democrático por haber visto disminuidas sus
capacidades como la única instancia facultada para el ejercicio legítimo de
la coerción, sino que se volvió impotente para garantizar la paz pública y una
convivencia social regida por el respeto a la dignidad de los demás.
Y, por último, así como el poder coercitivo del Estado no puede identificarse
mecánicamente con el autoritarismo, tampoco ese poder se traduce
automáticamente en violaciones a los derechos humanos. Depende de cómo
se lo use: y en una sociedad en la cual la violencia criminal y la voracidad
de los ricos más ricos ponen en riesgo la vida y seguridad de las personas, el
poder coercitivo del Estado debería ser usado para defender derechos humanos
fundamentales de la población. Para que esto pueda darse, el poder coercitivo
del Estado (su facultad para hacer un uso legítimo de la fuerza y asegurar el
imperio de la ley) no debe estar disminuido o erosionado, sino todo lo contrario
Descripción
Palabras clave
Teoría y Praxis , Editorial , Violencia Criminal , Violencia Social , Justicia , Seguridad Pública
Citación
González, L.A. (2019). Debilidad del Estado y violencia criminal. Revista Teoría y Praxis, (35), pp. 01-16